Tras dos años de indagaciones, el juez Juan Carlos Peinado ha concluido la instrucción dirigida contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, por supuestos delitos entre los que figura el tráfico de influencias. La apertura del juicio oral parece cercana, pues el magistrado ha reunido alrededor de una docena de indicios que apuntan a un presunto aprovechamiento de su condición de mujer del presidente para lograr beneficios tanto personales como profesionales.
Entre las pruebas aportadas ante el juez, sobresale la instauración de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), al parecer promovida tras encuentros celebrados en el Palacio de La Moncloa. De acuerdo con el testimonio del vicerrector de Relaciones Institucionales de la UCM, Juan Carlos Doadrio, el director de la universidad, Joaquín Goyache, le habría comunicado indicaciones para poner en marcha esa cátedra con la finalidad concreta de asignarla a Gómez. El magistrado destaca que el cargo se concedió sin verificar el currículum ni exigir una titulación superior, situación que más tarde fue subsanada, aunque únicamente por vía administrativa.
Otro indicio apunta a las cartas de respaldo institucional vinculadas a proyectos empresariales en los que intervenía el empresario Juan Carlos Barrabés. De acuerdo con el juez, estas iniciativas coincidieron con encuentros en La Moncloa entre Barrabés y Pedro Sánchez, lo que facilitó que Gómez obtuviera beneficios económicos gracias a su relación con el proyecto Transformación Social Competitiva (TSC). Asimismo, el correo institucional de Presidencia fue empleado de manera recurrente por Cristina Álvarez, asesora de Gómez en Moncloa, para tramitar asuntos asociados a dicho proyecto.
El juez Peinado señala que las acciones investigadas incluyen la creación de la cátedra en la UCM, su asignación funcional, la movilización de recursos universitarios y cartas de apoyo a la Unión Temporal de Empresas (UTE) de Barrabés. Estas, según el magistrado, habrían reforzado la posición de esta empresa mediante decisiones institucionales vinculadas directamente a Gómez.
La defensa de Begoña Gómez ha tratado de justificar estas acciones como parte de sus funciones profesionales, pero las declaraciones de varios testigos, incluidos altos cargos de la UCM, apuntan a una «presión jerárquica» para facilitar sus beneficios personales. Por su parte, Gómez podría enfrentarse a cargos por tráfico de influencias, entre otros posibles delitos.
Esta investigación consolida el control judicial sobre cómo se ejerce el poder en las más altas instancias del Gobierno y suscita profundas dudas acerca del empleo de recursos institucionales con fines particulares; la resolución definitiva sobre si se abrirá o no un juicio quedará a cargo del tribunal competente en los próximos días.
Procedencia: Vozpópuli ([https://www.vozpopuli.com/tribunales/el-juez-apuntala-con-una-docena-de-indicios-el-trafico-de-influencias-de-begona-gomez-por-ser-mujer-del-presidente.html])
