El Poder Judicial de Perú ha decidido ampliar la prisión preventiva del expresidente Pedro Castillo por un periodo adicional de 12 meses, argumentando un alto riesgo de fuga y la complejidad de la investigación en curso. Esta medida prolonga su privación de libertad hasta el 9 de marzo de 2027, en el marco de las pesquisas por presunta organización criminal, tráfico de influencias y colusión, delitos que habrían sido cometidos durante su gestión.
Según la resolución emitida, el juez Edhin Campos Barranzuela subrayó que Castillo no cuenta con arraigos familiares, laborales ni domiciliarios firmes. La fiscalía indicó que sus parientes más cercanos, entre ellos su esposa y sus hijos, viven actualmente en México bajo asilo diplomático. Asimismo, el apoyo político manifestado por autoridades extranjeras, como los mandatarios de México y de otras naciones, incrementa la posibilidad de que Castillo intente eludir a la justicia.
El tribunal también justificó esta prórroga de prisión preventiva debido a la complejidad del caso. Se trata de un extenso proceso que involucra a más de 90 personas investigadas y diversas líneas de investigación pendientes. Entre esas diligencias se incluyen pericias contables y técnicas relacionadas con irregularidades en contratos públicos, como la licitación del puente Tarata y compras a través de PetroPerú. Estas investigaciones apuntan a la presunta malversación de fondos y perjuicio económico al Estado.
A estos argumentos se suma la condena ya vigente contra Castillo por conspiración para la rebelión, tras el fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Actualmente, cumple una pena de 11 años en el penal de Barbadillo, condenado por dicho intento de disolver el Congreso y reorganizar el sistema de justicia. Aunque este fallo ha sido apelado por su defensa, también ha sido citado como un factor que refuerza los peligros de una posible evasión.
Adicionalmente, el Poder Judicial ha extendido por 20 meses el plazo para las investigaciones preparatorias vinculadas al caso de corrupción, con el objetivo de agotar todas las líneas de pruebas, incluidas las que involucran a exministros y colaboradores cercanos a Castillo.
Por su parte, la defensa del exmandatario calificó la decisión de la fiscalía como desproporcionada y carente de una finalidad procesal. Argumentaron que no hay pruebas suficientes para afirmar que Castillo podría sustraerse de la justicia y cuestionaron que se utilicen gestos de líderes extranjeros como evidencia de una conducta evasiva. También señalaron que otras fiscalías están a cargo de las causas relacionadas y que no se justifica la acumulación de argumentos contra él en este expediente.
Finalmente, el magistrado insistió en que subsiste un «entorno internacional favorable para una eventual evasión». México, bajo asilo diplomático, ha recibido y protegido a familiares directos de Castillo y a exfuncionarios de confianza durante su administración. Estas circunstancias refuerzan el peligro concreto de fuga identificado por las autoridades peruanas.
Fuente: El Comercio | Pedro Castillo y Geiner Alvarado: ¿Cuáles son los argumentos del PJ para ampliar la prisión preventiva en caso de presunta corrupción?
