Un masivo caso de corrupción ha sacudido el sistema penitenciario chileno tras revelarse que al menos 42 gendarmes del penal Santiago 1 están bajo investigación por presuntamente permitir el ingreso de personas indocumentadas, sustancias ilícitas, alcohol y otros artículos prohibidos a cambio de sobornos, mientras la Fiscalía Metropolitana Occidente y la Policía de Investigaciones (PDI) llevan adelante un amplio operativo destinado a desmantelar esta red corrupta que también involucra a 35 civiles externos.
El modelo de operación de los funcionarios penitenciarios involucrados incluye prácticas como simular los controles de ingreso mediante pantomimas y cobrar tarifas por dejar pasar a personas sin documentos, quienes se reunían con destacados miembros de organizaciones criminales, como el Tren de Aragua. Según la información recabada, cada ingreso costaba $60.000 chilenos, generando un grave impacto en la seguridad pública, ya que los encuentros permitían a las bandas continuar coordinando actividades delictivas como narcotráfico, secuestros y extorsión.
Una trama de corrupción estructurada que opera tanto dentro de los penales como en el exterior
La infiltración del crimen organizado en Gendarmería abarcaba múltiples maniobras, entre ellas la entrada de estupefacientes, teléfonos móviles, productos alimenticios de alta gama, conexión WiFi e incluso servicios personalizados para los internos, mientras que los pagos se efectuaban en efectivo o mediante transferencias bancarias, a menudo a través de cuentas ajenas destinadas a disimular el origen ilícito de los fondos.
Según las autoridades, no existe una estructura jerárquica única, sino varias redes autónomas que operan dentro de Santiago 1. Estas agrupaciones también mantienen vínculos con civiles que actúan como intermediarios, conocidos como «manilleros», quienes desde fuera de los recintos coordinan los sobornos necesarios para asegurar la entrada de bienes y personas.
Los precios por estos servicios iban desde $15.000 por permitir relaciones sexuales hasta $400.000 por el ingreso de un celular. Los testimonios recogidos por las investigaciones también señalan que los internos identifican un área del penal, apodada «la feria», donde se realizan transacciones de mercancías prohibidas con relativa normalidad.
Operación nacional y dimensión estructural
El operativo liderado por la Fiscalía incluyó la emisión de órdenes de allanamiento para 77 domicilios distribuidos en siete regiones del país, abarcando cárceles como Santiago 1, Punta Peuco, Colina 1 y el Complejo Penitenciario Biobío. Se movilizaron 690 funcionarios de la PDI y Gendarmería, consolidando uno de los mayores esfuerzos policiales recientes para combatir la corrupción en el sistema penitenciario.
Entre los hallazgos más graves se destaca la práctica conocida como «rescate», en la que funcionarios incautaban productos ilegales como celulares para luego revenderlos dentro del penal por precios exorbitantes. Otro método, denominado «delivery», consistía en el ingreso por encargo de productos solicitados por los internos.
Implicaciones y el control del crimen organizado
Este es considerado el caso más grave de penetración del crimen organizado en una institución pública en Chile. Gendarmería, cuya misión es garantizar la seguridad en los penales, enfrenta acusaciones que ponen en entredicho la capacidad del Estado para prevenir la expansión delictiva dentro de las cárceles. Grupos como el Tren de Aragua, que ya tienen vasta experiencia en controlar prisiones en otros países, buscan replicar este modelo en Chile, utilizando los penales para facilitar la coordinación de sus operaciones.
Acciones y soluciones requeridas
La investigación ha encendido las alarmas sobre condiciones estructurales que permiten que estas prácticas prosperen. Entre ellas, se destacan la alta rotación en las jefaturas penitenciarias, la falta de supervisión adecuada, y las influencias indebidas entre los funcionarios. Estas fragilidades invitan a la constante intervención del crimen organizado, que ofrece incentivos económicos y ejerce presión mediante amenazas directas a los funcionarios, como ocurrió en el caso de un comandante cuya residencia fue atacada por sicarios.
El progreso alcanzado en esta investigación abre una oportunidad crucial para impulsar reformas estructurales destinadas a enfrentar la corrupción dentro de Gendarmería, y si no se adoptan acciones contundentes que incorporen mayor transparencia y supervisión independiente, el control de los penales podría terminar completamente subordinado a las mafias criminales.
Fuente: CIPER Chile | [https://www.ciperchile.cl/2025/12/16/crimen-organizado-42-gendarmes-de-santiago-1-son-indagados-por-cobrar-por-el-ingreso-de-visitas-indocumentadas-alcohol-y-drogas/]
