El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sostuvo que las pesquisas por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) fueron orientadas de manera injusta hacia su figura, cuando las verdaderas responsabilidades recaerían en entramados corruptos provenientes de administraciones anteriores. Mediante su cuenta oficial en X (antes Twitter), Petro indicó que la Fiscalía centró sus esfuerzos en intentar probar que había impartido órdenes para desviar fondos públicos hacia congresistas, algo que, según afirmó, siempre había vetado.
Petro hizo énfasis en que las irregularidades descubiertas en la Ungrd son el resultado de prácticas sistemáticas de corrupción que no han sido enfrentadas adecuadamente. Acusó a Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectores de la entidad y actualmente detenidos, de haber desviado recursos debido a supuestas alianzas políticas. Según Petro, su actuación estaría relacionada con pactos entre partidos políticos, como el Partido Verde, y figuras como los Aguilar en Santander.
El caso de la Ungrd ganó notoriedad cuando se reveló un esquema de corrupción relacionado con contratos de carrotanques destinados a suministrar agua en La Guajira. La Fiscalía y la Contraloría General descubrieron irregularidades en la asignación y ejecución de estos contratos, que incluyeron desvíos de fondos y pagos ilícitos destinados a asegurar apoyo político para reformas del Gobierno. Además, se detectaron pérdidas estimadas en más de 60 millones de dólares debido al uso fraudulento de recursos extrapresupuestales por parte de la Ungrd.
Petro también cuestionó la actuación de los fiscales responsables de las investigaciones, al señalar que “muchos terminan fallando” cuando se concentran exclusivamente en hallar pruebas en su contra. Asimismo, evocó el proceso que enfrenta su hijo, Nicolás Petro, por un presunto enriquecimiento ilícito, y sostuvo que en pesquisas anteriores las autoridades han incurrido en errores, como la detención de docentes inocentes.
El caso sigue generando controversia, con capturas recientes de altos exfuncionarios y exlíderes legislativos, como los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle. Ambos son acusados de recibir sobornos millonarios, según confirmaron exdirectivos de la Ungrd en su testimonio ante la Corte Suprema.
Este escándalo ha desatado una crisis institucional en Colombia, mientras diversas organizaciones civiles reclaman mayor claridad y una supervisión más rigurosa del uso de los recursos públicos. La administración de Petro lidia con el reto de distanciarse de las acusaciones de corrupción heredadas y de las controversias que han emergido a lo largo de su mandato.
